Reforma del Código Penal

El Gobierno agravará las penas para los agresores sexuales y los reincidentes.

 

DISTINTOS DELITOS COMETIDOS

Con el fin de combatir la peligrosidad de delincuentes agresivos, violadores y pederastas a los que la ley no permite imponer penas indefinidas, el Ministerio de Justicia tiene en estudio una modificación del Código Penal para incluir una nueva medida de seguridad que se añadirá a la lista fijada en la reforma de 2010. Se trata de la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad y que ya se aplica en estos casos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca.

Será impuesta por el tribunal en función de la peligrosidad del autor del delito enjuiciado en la misma sentencia en la que fijará la pena de prisión que corresponda y tendrá una duración máxima de diez años, si bien únicamente se mantendrá su ejecución mientras subsista la peligrosidad del penado.

Esta medida podrá ser impuesta en el caso de delitos graves que conlleven violencia o intimidación, delitos contra la libertad sexual, así como cuando existan antecedentes por otros delitos graves o se reincida tras cumplir la condena, y siempre que, además, se entienda conveniente su imposición tras realizar un pronóstico individualizado de peligrosidad del reo.

OTRAS REFORMAS

Se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual, y se limitará su aplicabilidad en todos los casos con la finalidad de ofrecer a los Tribunales un marco legal que les permita ajustar la gravedad de la pena al número de delitos cometidos y a la gravedad de los mismos.

Por último, la detención ilegal con desaparición forzada, sobre todo en los casos con motivación sexual y con víctimas menores, también se verá agravada para que la pena que se imponga se adapte mejor a la gravedad de la conducta cometida.

Modificación del Código Penal

ELEVADOS A SEIS AÑOS LA PENA MÁXIMA POR DELITO FISCAL Y A DIEZ AÑOS EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.

 

 

El Consejo de Ministros ha recibido un informe, presentado por los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, sobre la modificación del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social para crear en ambos casos un subtipo agravado para las conductas más graves.

Para los delitos fiscales agravados la pena máxima será de prisión de dos a seis años en vez de uno a cinco años. Además, el plazo de prescripción pasa a ser de diez años frente a los cinco años de los restantes supuestos de delito fiscal. El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. También se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

MEJORAS TÉCNICAS

Además, se fijan una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figura un atenuante (rebaja importante de la pena) por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.

Por otro lado, se faculta a la Administración Tributaria a no paralizar un procedimiento recaudatorio por la existencia de un proceso penal. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.

Por último, se da una mayor operatividad en los supuestos de tramas al no ser necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar el hecho como delito fiscal.

SEGURIDAD SOCIAL

En los delitos agravados contra la Seguridad Social se delimitan nuevos supuestos de fraude en los que se ha verificado que la sanción administrativa no es suficientemente efectiva y que la gravedad de estas conductas exige una sanción penal. Tal es el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos.

Los cambios introducidos buscan la mejora técnica del tipo delictivo, así como la incorporación al mismo de los criterios jurisprudenciales y técnicos sentados a lo largo de su aplicación.

En esta línea, se endurecen las penas máximas por defraudar a la Seguridad pasando de cinco a seis años y se pretende la ampliación del período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves, como, por ejemplo, las "empresas fantasma" sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública.

CUANTÍAS MÍNIMAS

Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita. También se sancionan penalmente aquellos casos de defraudación dolosa en prestaciones de Seguridad Social que causen un perjuicio grave al patrimonio de la Seguridad Social, introduciendo un nuevo apartado 307.ter.

Por otra parte, se plantea la modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.

Por último, se modifica la redacción del artículo 398, relativo a la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, que se considerarán delitos de falsedad documental, y se introduce un nuevo delito que tipifica los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando de este modo se crea un peligro para el patrimonio público administrado.

La especial trascendencia de los bienes jurídicos protegidos (los derechos de los trabajadores y los recursos económicos de la Seguridad Social) motivan las modificaciones propuestas del Código Penal en relación con los delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

Real Decreto Ley que eleva la provisión genérica de la cartera de créditos y activos inmobiliarios no problemáticos de la banca

ELEVADAS LAS PROVISIONES DE LA BANCA PARA ASEGURAR LA SOLIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

• Se amplían las coberturas para los activos inmobiliarios clasificados como no problemáticos.
• El proceso exigirá provisiones adicionales por unos treinta mil millones de euros.
• El conjunto de las provisiones cubrirá un 45 por 100 de los activos ligados al sector promotor.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que eleva la provisión genérica de la cartera de créditos y activos inmobiliarios no problemáticos de la banca (123.000 millones de euros), lo que supondrá en torno a 30.000 millones de euros de nuevas dotaciones que tendrán que ser realizadas antes del 31 de diciembre de este año. Estos saneamientos se unen a los 54.000 millones de euros ya realizados tras la aprobación del Real Decreto Ley de reforma financiera de febrero, por lo que el saneamiento total realizado se situará cerca de los 84.000 millones de euros.

Se trata de avanzar y profundizar en el saneamiento del sector financiero español con el objetivo de recuperar la confianza y garantizar la solvencia en un entorno difícil para la economía española. Las nuevas medidas abordan de forma preventiva nuevas dotaciones para activos ligados al crédito promotor que aún no se consideran problemáticos.

Se trata de una segunda fase de la reforma financiera emprendida en febrero pasado y el objetivo final es que los balances de los bancos estén más saneados y protegidos ante el riesgo promotor, para que puedan dedicarse a su actividad principal y volver a conceder créditos a familias y empresas.

Elevación de la cobertura con provisiones

Con la norma aprobada hoy, las entidades bancarias tendrán que elevar la cobertura con provisiones de sus suelos al corriente de pago (que suman 25.000 millones de euros) del 7 por 100 al 52 por 100; la de las promociones en curso (16.000 millones de euros) del 7 por 100 al 29 por 100; la de las viviendas terminadas (61.000 millones de euros) del 7 por 100 al 14 por 100; y la de aquellos créditos sin garantía real (18.000 millones de euros) del 7 por 100 al 52 por 100. Los bancos deberán presentar ante el Banco de España sus planes para cumplir con las nuevas exigencias antes del 11 de junio.

Aquellas entidades que tras este saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital principal de acuerdo con la normativa vigente tendrán que capitalizarse en el mercado o, en su defecto, podrán solicitar al FROB, la suscripción de bonos convertibles contingentes ("cocos") o de capital para fortalecer su balance. En el caso de acudir al FROB no se trata de ningún tipo de ayuda o subvención pública. Los "cocos" pagarán al FROB un tipo de interés de mercado, que será, aproximadamente, el doble del coste de la financiación del Tesoro al mismo plazo (cinco años). Las entidades que recurran al FROB deberán presentar un plan de reestructuración.

El objetivo de la medida es situar al sector financiero en disposición de hacer frente a un hipotético empeoramiento de la situación de su cartera inmobiliaria sin que se vea afectada su solvencia. Es decir, se anticipan provisiones para una eventual entrada en morosidad de estos créditos sanos, según las pruebas de estrés realizadas. El nuevo esfuerzo en provisiones sitúa a España entre los países más exigentes de Europa en esta materia.

Reubicación de la cartera de activos

Las entidades financieras estarán obligadas a reubicar su cartera de activos adjudicados en una sociedad gestionada de forma independiente antes del 31 de diciembre de 2012 (el 31 de diciembre de 2013 para las que estén inmersas en un proceso de fusión), con el fin de delimitar de forma clara y precisa el riesgo promotor del sector financiero.

Con estas dos medidas, el Gobierno inicia la segunda fase de la reforma financiera. En la primera, el Ejecutivo elevó considerablemente las provisiones y capital de los activos inmobiliarios problemáticos (184.000 millones de euros), que tendrán que ser realizadas este año. Las entidades presentaron el pasado 30 de marzo sus planes de saneamiento ante las autoridades supervisoras y deberán detallar antes del próximo 30 de junio sus planes de saneamiento basados en una integración.

Un vocal del Poder Judicial denuncia al presidente del Tribunal Supremo por malversación.

 

Gómez Benítez acusa a Dívar ante el fiscal general del Estado de gastar 5.658 euros de dinero público en viajes privados de fines de semana a hoteles de lujo

 

El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.

El citado vocal, que ya propuso hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes, presentó ayer un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.

Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”.

Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.

 

 

El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado solo abarca a estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.

Si el fiscal general del Estado considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito, deberá presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para instruir un proceso contra el presidente del propio Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

Los hechos descritos podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.

Los viajes a los que hace referencia la denuncia se efectuaron entre abril de 2010 y noviembre de 2011. Las estancias lo son por al menos cuatro días, esos amplios fines de semana que en el Consejo del Poder Judicial se conocen ya como “semana caribeña” y alguno de sus vocales ya ha denunciado antes.

más información

Además, llama la atención que aunque Carlos Dívar se desplaza en AVE, clase club, de Madrid a Málaga y de nuevo regreso a Madrid, luego llega a emplear en su séquito hasta tres coches oficiales en Marbella, que obviamente se habían desplazado previamente por carretera.

También es muy llamativo que prácticamente todas las noches durante esos fines de semana, Dívar tiene cenas protocolarias o de representación y que siempre son únicamente para dos personas en restaurantes de lujo.

Aunque desde Presidencia se incorporó al expediente una nota con los supuestos motivos de los viajes, Gómez Benítez señala en el escrito que tanto la nota como los justificantes de esos gastos han sido retirados.

El vocal hace constar que “tan solo la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al entonces presidente de la Audiencia de Málaga, que tuvo lugar el viernes 25 de marzo de 2011, y la III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que inauguró el presidente el lunes 14 de noviembre de 2011, responden a actos oficiales acreditados. Las Jornadas Jurídicas Malacitanas, que tuvieron lugar el jueves y viernes 10 y 11 de noviembre, son un evento privado, cuyos gastos fueron costeados, según consta en la nota, por la entidad patrocinadora”.

Se le preguntó a Gómez Benítez la razón de que presentase ahora esta denuncia. “Lo he puesto en conocimiento del fiscal general del Estado porque tengo la obligación legal de hacerlo”, respondió. “Y no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de las mismas”, precisó.

El vocal aseguró: “En mi denuncia hay datos que ponen de relieve conductas más propias de personajes de una monarquía bananera que de un país moderno que se encuentra además en serias dificultades económicas”.

Ahora, la función de investigación le corresponde al fiscal general del Estado y él deberá decidir si los indicios son suficientes para iniciar una causa penal. El caso podría llegar a provocar el cese de Dívar, bien por renuncia o por decisión de tres quintos de los miembros del Consejo.

Gómez Benítez es vocal del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE. Dívar es presidente del Consejo y del Supremo a propuesta del Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero previo acuerdo con el Partido Popular.

El cese de un presidente del Supremo y del Poder Judicial se puede producir, según establece el artículo 126 de la ley que regula el funcionamiento de este organismo, “a propuesta del pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”.

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, contesta:

“Tengo los recibos y los puedo presentar”. Así de tajante se mostró el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando EL PAÍS le llamó para que ofreciera su versión de los hechos sobre la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez de que cargó a los presupuestos del Consejo los gastos de viajes privados que había realizado a hoteles de lujo de Puerto Banús.

Dívar indicó que no conocía la existencia de la denuncia, ni el fiscal general del Estado le había llamado para comunicarle su presentación, pero aseguró que las facturas de sus gastos por viajes privados las había pagado él.

Cuando se le expuso que no se refería a viajes oficiales, sino a desplazamientos privados realizados en fines de semana de cuatro días a Marbella, el presidente del Tribunal Supremo afirmó: “No es cierto que haya cargado gastos privados al Consejo. Los he pagado yo. Tengo los recibos y los puedo presentar”.

Carlos Dívar señaló que “los actos oficiales son distintos, lo otro lo he presentado perfectísimamente”.

Cuando este periódico quiso precisar si él consideraba privados u oficiales los seis viajes cuyos gastos se denuncia que se han cargado al Consejo, Dívar dijo: “En este momento no tengo la lista, pero se podría mirar”.

Fuentes del Consejo añadieron ayer que esos gastos “fueron fiscalizados por la interventora del Estado”. El fiscal deberá ahora comprobarlo.

Comunicado de la Presidencia del Tribunal Supremo

fuente: Periódico El País

Alberto Ruiz-Gallardón reactiva los acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial para lograr la interconexión entre juzgados.

El ministro ha hecho partícipes de ese acuerdo a las Comunidades Autónomas, que, durante el encuentro, se han comprometido a compartir las aplicaciones más desarrolladas por sus respectivos sistemas de gestión procesal para así contribuir a la tan ansiada interconexión entre juzgados.

No es la primera vez que desde Justicia se anuncian planes para lograr la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal de las CCAA. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, ahora contamos con avances tecnológicos que permiten crear una base de información común entre todos ellos a través de un mismo lenguaje informático. Los datos relevantes que deben ser comunicados entre los distintos juzgados se traducirán a ese lenguaje único para facilitar su acceso desde cualquier sistema.
En el actual contexto de crisis económica la cooperación institucional entre Ministerio, CGPJ y CCAA resulta imprescindible para un desarrollo informático de la Administración de Justicia sin duplicidades o sistemas innecesarios. En consecuencia, no se desaprovecharán las iniciativas previas puestas en marcha, pero se adaptarán a la nueva herramienta.

Desarrollo de los acuerdos

Uno de los puntos principales firmados entre el Ministerio y el CGPJ es constituir el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que nunca llegó a crearse. Esta colaboración formaba parte del convenio firmado entre ambas instituciones para el establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis), que permitirá la interoperabilidad entre los distintos juzgados españoles, para lo que será imprescindible la colaboración de las CCAA con competencias transferidas.

El Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces consideran prioritario que la estadística judicial sea única, por lo que impulsarán la extracción automática de información de los sistemas de gestión procesal. Y firmarán un convenio de colaboración para reforzar la coordinación entre la inspección de órganos judiciales que corresponde al CGPJ y la que corresponde a los secretarios judiciales.

En cuanto a la interoperabilidad con otras Administraciones o con los agentes jurídicos, el Ministerio y el Consejo han decidido repartirse las iniciativas. Así, lo relativo a asistencia jurídica gratuita corresponderá a Justicia que, en colaboración con las CCAA interesadas, desarrollará la interconexión con el Consejo General de la Abogacía Española a través de Lexnet (sistema de intercambio de documentos firmados electrónicamente entre la Administración de Justicia y los operadores judiciales) y Ejis.

La integración con Instituciones Penitenciarias corresponderá al Consejo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Justicia, que también se ocupará de lograr la tramitación de exhortos mediante Lexnet, aunque, de forma transitoria, se seguirá utilizando el Punto Neutro Judicial desplegado por el Consejo.

Esta herramienta del CGPJ también servirá para la anotación preventiva de embargos y la comunicación de resoluciones judiciales relacionadas con los Registros de la Propiedad, aunque los embargos telemáticos se realizarán a través del sistema de cuentas de consignación del Ministerio de Justicia, que en la actualidad también desarrolla un sistema para poder realizar subastas telemáticas.

Gestión coordinada de la justicia gratuita

Otro de los asuntos tratados en la Conferencia sectorial ha sido la ley de tasas y su afectación a las CCAA.. El ministro ha explicado a los consejeros de Justicia que el rendimiento de las tasas, tal y como se especifica en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de ministros, se vinculará a la financiación de la asistencia gratuita y ha propuesto a los representantes de las distintas comunidades autónomas una mesa de diálogo con dos objetivos: acordar con ellas una participación conjunta de la recaudación de las tasas y establecer una gestión coordinada de la asistencia gratuita.

Con el fin de evitar el fraude en el acceso a este servicio, el Ministerio ha expuesto a las CCAA la necesidad de establecer unos protocolos de actuación uniformes en todas las administraciones. El umbral mínimo para acceder a estos servicios seguirá siendo el mismo, pero se determinarán los supuestos en los que puede solicitarse para acabar con las disfuncionalidades detectadas. Además, se estudiarán fórmulas para acreditar el derecho a la justicia gratuita, como la presentación de un certificado de la declaración de la renta.

Asimismo, el Ministerio ha comunicado a los consejeros que se compromete a asumir la financiación directa de la asistencia gratuita a través de lo recaudado con las tasas, haciendo partícipes a las comunidades de estos ingresos, de forma que puedan destinar su presupuesto a otras partidas de justicia.

fuente: el gobierno

El Gobierno corregirá la fórmula de cotización por bases mínimas para cubrir las lagunas de cotización.

 

El Gobierno corregirá la regulación de la integración de lagunas de cotización que se establece en la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones, a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, con el fin de no favorecer a quien no ha cotizado durante un período de tiempo sobre quien sí cotizó, para lo cual  mantendrá la fórmula actual de cotización por la base mínima. 

Se conocen como lagunas los periodos en los que, por diversos motivos, no hubo obligación de cotizar. Con el fin de ayudar al trabajador en esa situación a que tuviera una pensión algo superior a la que le correspondería, en la práctica se ha venido cubriendo esas lagunas con la base mínima de cotización vigente en el período correspondiente.

La Ley 27/2011 de reforma de pensiones, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, modificó este criterio de manera que un trabajador con lagunas puede traerse para completarlas lo cotizado 19 años antes, con el añadido de que dichas aportaciones están actualizadas con el IPC.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, ha sostenido que este criterio conduce a una falta de rigor y de inequidad que perjudica a la esencia del Sistema de la Seguridad Social puesto que tratar mejor a quien no cotiza que a quien lo hace es poner al Sistema en serio riesgo económico y de crédito social.

Ejemplos prácticos

En una aproximación a  partir de datos reales, todas las personas con lagunas que se integran con actualización mejoran en comparación con el resultado que obtendrían con la integración con bases mínimas. Además, el beneficio es mayor cuanto mayor es el número de lagunas.

• 64 años. 23 lagunas. La ganancia respecto a la integración con bases mínimas es del 20,48%.

• 64 años. 9 lagunas. La ganancia respecto a la integración con bases mínimas es del 3,45%.

• 64 años. 1 laguna. La ganancia respecto a la integración con bases mínimas es del 0,36%.

UE-Parlamento europeo

Las leyes ordinarias no pueden acabar con la mafia.

 

Sonia Alfano, presidenta de la Comisión parlamentaria especial sobre delincuencia organizada, corrupción, blanqueo de dinero, además de víctima de este tipo de organizaciones criminales -su padre fue asesinado por una de ellas- comenta que era una necesidad crear una comisión parlamentaria especializada en este tipo de crimen, puesto que según su criterio las leyes ordinarias no pueden acabar con las organizaciones mafiosas.

Establece como primer objetivo, poner a disposición de las personas que luchan a diario contra la mafia los instrumentos adecuados para que puedan seguir con su trabajo. Éste por tanto, ha de ser el objetivo esencial de los legisladores.

Además, considera esencial escuchar a las autoridades judiciales y a los investigadores de la Unión europea para elaborar un "único marco legal" contra la mafia. Considera que se ha de introducir a nivel europeo el "delito de asociación mafiosa".

También propone como mecanismo de lucha contra este tipo de delincuencia, en primer lugar, dejar a los criminales de la mafia sin propiedades, ya que confiscando su fortuna y bienes los capos van a perder credibilidad y poder. En segundo lugar, aduce como necesaria la colaboración de la clase política, las instituciones y las autoridades judiciales y los investigadores para erradicar este tipo de delincuencia.

En definitiva esto supone el reconocimiento oficial de un problema del que viene adoleciendo la Unión europea y, la consiguiente necesidad de habilitar herramientas suficientes para acabar con estas organizaciones del crimen, que no tienen escrúpulos en poblar nuestras calles de droga, manejar vidas humanas como mera mercancía o extorsionar a quien haga falta en pro de la consecución de sus objetivos criminales.

Se aprueba un Decreto-ley que introduce cambios en materia medioambiental.

 

• Su objetivo es lograr una simplificación y agilización administrativas de las normas ambientales.
• Las medidas mejorarán la regulación del agua subterránea y las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y de Residuos y Suelos Contaminados.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente con el objetivo de lograr una simplificación y agilización administrativas de la gestión ambiental.

Con este Real Decreto Ley el Gobierno impulsa una legislación ambiental más sostenible, clara y sencilla para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e integrado en él, eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces por su propia complejidad y que imponen dificultades de gestión para las Administraciones públicas y demoras en los ciudadanos.

EFICAZ GESTIÓN DEL AGUA

En materia de gestión de agua, y en el marco de este contexto de sequía meteorológica, este Real Decreto Ley introduce una serie de medidas para conseguir un uso más adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve, como principio fundamental, la unidad de gestión de cuenca.

Así, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, y en línea con la Directiva de la Unión Europea "Marco del Agua", se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. De este modo, se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

Además, esta nueva normativa hoy aprobada refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de la legislación, y con sanciones que oscilan entre las leves (multa de hasta diez mil euros) y las muy graves (de entre quinientos mil y hasta un millón de euros).

El Real Decreto Ley también refuerza el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional. Igualmente, el nuevo texto normativo incorpora medidas que incentivan la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

Por último en materia de agua, se añaden condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana, evitando un deterioro del acuífero y permitiendo mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas.

UNIFICAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Por otro lado, el Real Decreto Ley modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, generando retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. Se quiere acabar, así, con situaciones en las que, en una misma hectárea, podían concurrir diferentes instrumentos de gestión.

Además, la normativa garantiza la compatibilidad de esta protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos allí ubicados, a través de la planificación de estos espacios naturales y los adecuados planes de e instrumentos de gestión y desarrollo.

Esta modificación instituye también un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias adoptadas en estos espacios protegidos.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA EN RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

El nuevo texto, por último, introduce también modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban incertidumbre e inseguridad en la aplicación de ciertos aspectos de la norma.

Las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno, con el objetivo de evitar imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas de la normativa. Por ello se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de estos Sistemas.

Así, a partir de la aprobación de este Real Decreto Ley estos sistemas se establecerán en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

Igualmente, se introducen modificaciones para disminuir cargas administrativas relacionadas con los traslados de residuos y con la obtención de las autorizaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

REFORMAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2012-2015.

Ambos documentos recogen la Estrategia de política económica del Gobierno para los próximos años. Esta estrategia se basa en el diagnóstico de la economía española y en medidas de política económica: estrategia fiscal 2012-2015 y reformas estructurales.

Programa de Estabilidad

La actualización del Programa de Estabilidad presenta el cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno para el periodo 2012-2015. Este cuadro establece una senda de consolidación fiscal que permite alcanzar en 2012 un déficit público del 5,3 por 100 del PIB, mantener el objetivo del 3 por 100 del PIB fijado para 2013 y alcanzar en 2015 un déficit del 1,1 por 100; un superávit primario a partir de 2013 e iniciar una senda de reducción del porcentaje deuda pública/PIB a partir de 2014.

El Programa detalla las medidas que se adoptarán a todos los niveles administrativos para cumplir estos objetivos así como el calendario y efectos esperados.

Programa Nacional de Reformas

Por su parte el Programa Nacional de Reformas de España 2012 representa una agenda ambiciosa de reformas estructurales e incluye los siguientes objetivos: consolidación fiscal; fomento del crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; mejora y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, y modernización y racionalización de las Administraciones Públicas.

  

Enlace Programa de Estabilidad

Reforma de la sanidad pública

Reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un decreto-ley un paquete de medidas de urgencia, que según aduce el gobierno propicia la garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Estiman que con estas nuevas medidas se puedan generar unos ahorros de en torno a 7000 millones de euros.

Las mencionadas medidas se resumen en 6 puntos esenciales:

1.      La reforma – según el Gobierno- garantiza la universalidad de la sanidad, pero a su vez, pone fin al llamado “turismo sanitario” y a su uso inadecuado y fraudulento por parte de los ciudadanos extranjeros.

Esto se consigue adaptando la normativa de la UE, que prohíbe explícitamente los desplazamientos a un Estado miembro, con el único propósito de recibir asistencia sanitaria.

2.      Se establecen criterios de igualdad, calidad, eficiencia y eficacia, para evitar las diferencias de prestaciones existentes entre las diversas CCAA.

3.      En cuanto al gasto farmacéutico, a las aportaciones existentes del ciudadano usuario de este servicio se le aplican modificaciones, que según el Gobierno intentan dar con la fórmula justa, que tiene en cuenta la renta, la situación de activo o pasivo y, la condición de enfermo crónico.

Así queda el cuadro de las aportaciones a realizar según los diferentes estatus:

a. Pensiones no contributivas y parados de larga duración

b. Rentas inferiores a la obligatoriedad de la declaración de la renta.

c. Rentas superiores a la obligatoriedad de la declaración de la renta.

d. Rentas superiores a los 100.000 euros

	Activos	Pasivos
a.	0%	0%
b.	40%	10%(con límite máximo de 8 euros al mes)
c.	50%	10% (con límite máximo de 18 euros al mes)
d.	60%	60% (con límite máximo de 60 euros al mes)

Este nuevo sistema, que podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses, tendrá, además, un efecto disuasorio que evite que se acumulen y se tiren medicamentos pagados de forma masiva.

Por otra parte, el Real Decreto Ley incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores.

Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas.

Al mismo tiempo, se potenciará el uso de genéricos, y se adecuarán los envases a la duración de los tratamientos. Todas estas medidas supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

4.      Medidas de eficiencia:

La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada. Este mecanismo de ahorro, que ya ha comenzado a funcionar en la compra de vacunas, generando importantes ahorros, se extenderá a toda la sanidad. De este modo, se aplicará tanto para medicamentos hospitalarios, como para tecnología médica. Este sistema generará un ahorro mínimo de mil millones de euros, que podría llegar a mil quinientos millones.

5.      Ordenación de los recursos humanos:

Con las medidas contenidas en el Real Decreto Ley, se impulsa el desarrollo profesional del personal sanitario y se da cumplimiento a peticiones históricas, que reclamaban facilitar la movilidad e estos profesionales entre los servicios de salud. Para ello se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias.

Este conjunto de medidas, además, permitirá un ahorro adicional de quinientos millones de euros.

6.      Pacto socio-sanitario:

La reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios Sociales funcionen de manera coordinada, y así se aprovechen los recursos de forma ordenada. De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria.

Con este sistema se ahorraría en torno a seiscientos millones de euros.

Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación.

Medidas de racionalización del gasto que afectan a la enseñanza universitaria.

 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 20 de abril el Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Las medidas que se han llevado a cabo dentro del sector universitario han sido tomadas según expone el Gobierno con la finalidad de incrementar la eficiencia dentro de este sector.

Con ellas se producirá una aproximación del precio de los estudios universitarios en relación al coste efectivo y real que tienen los mismos; se exigirá un número mínimo de alumnos en las titulaciones de grado. Con todo esto se pretende evitar que haya desajustes presupuestarios en las universidades.

También se prevé una racionalización del mapa universitario y, de la oferta de titulaciones. Y se facilita la cooperación entre universidades para la impartición conjunta de titulaciones.

El resumen de medidas llevadas a término, es el siguiente:

-         Aproximar los precios de los servicios académicos de las universidades al coste real de dichos servicios. El coste se tasa de la siguiente forma:

·        El coste de la primera matrícula cubrirá entre el 15% y el 25% del coste real de grados y másteres.

·        La segunda matrícula cubrirá entre el 30% y el 40% del coste real.

·        La tercera cubrirá entre el 65% y el 75% del coste efectivo.

·        La cuarta matrícula cubrirá entre el 90% y el 100% del coste real del grado o máster.

       

          El grado de aplicación de estos costes dependerá en todo caso de las CCAA.

-         Racionalización del número de titulaciones de grado a través de la exigencia de un número mínimo de alumnos matriculados.

Para justificar la adopción de esta medida el Gobierno aduce, que para que una titulación sea viable económicamente, debe tener un mínimo de 50 alumnos matriculados; alega por otro lado, el excedente de oferta universitaria, que según los estudios que se manejan se cifra en un 13%.

-         Régimen de dedicación del profesorado universitario.

El profesorado universitario tiene una doble función, por un lado, la función docente y, por otro la función investigadora, por ello se dispone a adaptar el régimen de dedicación según si cumple con una función o con ambas.

 

-         Incorporar el principio de estabilidad presupuestaria a las universidades: diseñando un sistema que garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades. Se establecerá además un sistema punitivo que castigará a aquellas universidades que incumplan este objetivo a cargo de las Comunidades Autónomas.

-         Limitación de la incorporación del personal de nuevo ingreso a las universidades: los nuevos ingresos se deben acomodar a lo que al efecto disponga la normativa básica sobre oferta empleo público.

Reforma en el CGPJ

Reforma anunciada en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

 

Como sabemos el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder judicial, aquel órgano al que quedan adscritos los diferentes organismos judiciales existentes en el Estado español, (salvo las consabidas excepciones). Es el encargado de garantizar la independencia e imparcialidad de Jueces y Tribunales en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

En la actualidad el CGPJ está formado por 20 miembros, llamados vocales y, el presidente; de estos, 12 miembros son elegidos entres jueces y magistrados a propuesta del Congreso y del Senado. Los 8 restantes son elegidos de entre juristas de reconocido prestigio (abogados, profesores de universidad, funcionarios) con más de 15 años en el ejercicio de su profesión.

La reforma que pretende operar el Gobierno de la nación, en octubre próximo, quiere introducir un cambio en el mecanismo de elección de los 12 miembros del consejo judicial, pasando de ser elegidos por Congreso (6) y Senado (6) a serlo por los propios Jueces.

Con esta reforma pretende el Gobierno “despolitizar” la elección de los Jueces y Magistrados del CGPJ, en aras de garantizar una mayor independencia y, sobre todo de crear una visión al ciudadano de una justicia completamente independiente de los partidos políticos.

En cuanto a la elección de los 8 miembros restantes. Aquellos elegidos entre juristas de reconocido prestigio, parece que no se va a operar cambio alguno.

Recortes en Justicia

El gasto en justicia previsto en los actuales Presupuestos Generales del Estado actuales cae un 6% de acuerdo con los anteriores PGE.

Se ven reducidas todas las partidas destinadas a Justicia, a excepción de la Justicia Gratuita. Ésta se ve incrementada en un 7,2% - de los 31,85 millones de euros de gasto en 2011 hasta los 34,15 millones de euros previstos ahora- saliendo al paso de la demanda observada de este beneficio de rango constitucional.

Con esta provisión se pretende dar cobertura y soporte legal a aquellos ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar en defensa de sus derechos e intereses legítimos, tal y como se prevé en la Ley 1/1996de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita.

El apartado más afectado por los recortes en el área de Justicia, con una disminución del presupuesto para la misma de un 41%, son los Programas de Inversión, que han pasado de los 158 millones de euros del anterior presupuesto a los 94 millones en la actualidad.

A título personal, me permito la licencia de opinar  -fuera de la información objetiva aportada en los párrafos anteriores- que me llama altamente la atención el recorte efectuado en justicia, al tener en cuenta que tan sólo se destina el 0,5% de los PGE a la misma -teniendo en cuenta que en materia de justicia se tienen transferidas competencias a las CCAA y, éstas destinan partidas de su presupuesto a justicia-.

Recortamos un 6% de una pieza o factor clave del bienestar social, de un pilar que sostiene el Estado de Derecho y de un valor constitucional.

¡Es ostensible que la Justicia necesita un cambio!

En el día a día podemos observar su lentitud, que es su gran tendón de Aquiles. Y la justicia dada y aplicada con lentitud pierde su esencia y beneficios. Se deberían destinar más recursos y esfuerzos para acabar con este mal del que adolece nuestro sistema judicial.

De nada sirve facilitar y reunir esfuerzos en que todos podamos tener acceso a reclamar y defender nuestros intereses y derechos, si una vez oídos por la Justicia, ésta no da solución en tiempo a nuestros problemas.

Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre un Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude que completa el Real Decreto Ley de medidas tributarias aprobado el 30 de marzo. En ese Real Decreto Ley se introdujeron medidas correctoras en el Impuesto de Sociedades para elevar el tipo de gravamen efectivo que pagan las grandes empresas, además de un plan extraordinario de regularización de rentas ocultas en donde se fija un gravamen del 10 por 100 sobre el importe de bienes y derechos aflorados.

Tanto el plan especial de regularización de rentas ocultas incluido en el Real Decreto Ley como el Anteproyecto de Ley puesto en marcha el día 13 de abril por el Consejo de Ministros pretenden el mismo objetivo de reducir la economía sumergida y elevar el número de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

En concreto, el Anteproyecto de Ley viene a reforzar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. En él se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación.

 

Puntos esenciales del anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude:

• Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales.
• Tanto el pagador como el que reciba el dinero se enfrentan a multas del 25 por 100. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.
• Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de diez mil euros y se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.
• La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.
• Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares.
• Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad regular.

Plan de lucha contra el fraude